En esta segunda parte del balance de 2017 entregado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Colombia (U.N.), los expertos plantean que el posacuerdo trae varios de los retos más grandes de la historia reciente del país, y en 2018, con las elecciones presidenciales, se pondrán a prueba varios de sus alcances.

Sin claridad sobre su financiación, están en la cuerda floja muchas inversiones sociales en el ámbito rural y en infraestructuras básicas de las regiones en las que se asentó el conflicto. Una de las grandes esperanzas: el turismo.

El reto: salvar los escasos logros del posacuerdo

Para el profesor Francesco Bogliacino, de la Escuela de Economía, las dificultades económicas que ha afrontado el país en los últimos años le dejarán poco margen de maniobra al próximo gobierno para avanzar en temas sociales y en la consolidación del posacuerdo. En 2018 habrá tres asuntos clave a discutir en el ámbito social. El primero es sobre la política general de creación de empleo, cuya consolidación depende del crecimiento económico.

“Aquí hay dos problemas fundamentales, uno es el contexto macroeconómico internacional, en el cual hay amenazas geopolíticas y desórdenes monetarios que podrían repercutir en el crecimiento económico. En este caso, Colombia no tiene mucho margen de maniobra; de hecho, sin importar quién llegue al próximo gobierno, seguirá adoptando medidas de austeridad. Estas estrategias, de naturaleza procíclica, se deben a las decisiones no muy apropiadas tomadas en los últimos 25 años, que limitan el margen de acción del Gobierno; esto afecta de manera negativa la posibilidad de crear empleo formal y de reducir la informalidad”, indica el economista.

El segundo eje clave tiene que ver con la política social, que se prevé seguirá por la línea de subsidios focalizados, con todo lo bueno y lo malo que esto puede tener; por ejemplo, existen limitaciones en estructurarlos de manera correcta, de lograr medidas sostenibles y de evitar el riesgo permanente de ser manipuladas políticamente como un instrumento de consenso.

El tercero está relacionado con políticas sociales extraordinarias, fundamentales en la etapa de posacuerdo, con dos líneas centrales: una es la restitución de tierras que, aunque sigue en camino, tiene atrasos significativos y su desarrollo en el corto plazo dependerá de los resultados electorales de 2018. “Este tema es cardinal porque forma parte del cuadro normativo para solucionar los problemas del campo, que son precisamente las causas estructurales del conflicto en Colombia. Este es un proceso que necesita más acompañamiento y que, en la actualidad, no marcha según las etapas que se habían establecido en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas); cabe recordar que el proceso debería acabar en 2021, pero hasta el momento solo van 3.500 hogares restituidos”, dice el profesor Bogliacino.

La otra línea se refiere al posconflicto en el sentido estricto, tanto por la implementación de los acuerdos de paz como por el proceso de reinserción de los excombatientes de las Farc. Según el investigador, en este caso también existe un elemento de incertidumbre muy fuerte relacionado con el tipo de gobierno que se tendrá en 2018. “Hasta ahora, los resultados son pocos satisfactorios porque existe bastante heterogeneidad con lo que logró en las zonas veredales, hoy llamadas zonas de transición; en muchas regiones no se implementaron los proyectos productivos y los excombatientes prefirieron buscar sus familias; otros se fueron a encontrar oportunidades en diversos lugares del país. Esto hace que, en parte, se pueda dar por fracasada la idea originaria de inclusión en varios territorios. Por tanto, el riesgo más fuerte es no lograr la inserción productiva y que esto sea aprovechado por grupos armados o actores ilegales. Un ejemplo fue lo sucedido en Tumaco hace poco”.

Vea el análisis completo del profesor Bogliacino en este video

Inversión en infraestructura debe incluir mejores servicios públicos, educativos y de salud

Según el profesor Raúl Ávila, de la Escuela de Economía de la FCE de la U.N., durante el 2017, a pesar de todos los problemas de corrupción evidenciados en diversos aspectos de contratación y ejecución nacional, hubo avances significativos tanto en el desarrollo de varios proyectos viales como en la planeación y recuperación de aeropuertos colombianos. No obstante, en temas de infraestructura general el país aún tiene que superar décadas de atraso en varios frentes, uno de ellos –no muy mencionado– es el de los servicios públicos básicos, sobre todo en las zonas periféricas. Para el experto, en la etapa de posacuerdo será crucial apostarle fuertemente no solo a las infraestructuras lineales de vías primarias, sino a las infraestructuras de impacto en salud, educación y servicios domiciliarios, y además a las vías secundarias y terciarias, aquellas que comunican las regiones más apartadas y las zonas agrarias.

“El país está sacando adelante el andamiaje vial para conectar las grandes ciudades y a estas con los puertos, pero todo debe anudarse con otros componentes esenciales para el desarrollo nacional. En el congreso anual de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en noviembre pasado, se mostraron retos interesantes en cuanto a la dinámica de la construcción, pero también los problemas que existen para enfrentar la lentitud de las inversiones. Lo que ahora se espera es un financiamiento mucho más fuerte de la banca multilateral e internacional para lograr cierres financieros en algunos de los proyectos”, manifiesta el profesor Ávila.

El experto agrega que el próximo gobierno debe aterrizar el acuerdo de paz con inversiones concretas que les permitan a las comunidades rurales hacer productivas sus tierras, contar con facilidades logísticas de transporte e incentivar los nichos de mercado. En cuanto a servicios básicos, el camino por recorrer es todavía largo, puesto que, por ejemplo, solo el 65 % de la población tiene acceso a acueductos y alcantarillados de óptima calidad, con un mayor rezago en los campos; más aún, en las regiones en las que se asentó el conflicto armado.

Respecto a los servicios de educación y salud, que tienen un impacto directo en las capacidades de las personas para su vinculación en la vida económica, social, política y cultural, los desafíos son inmensos, en la medida en que hay grandes déficits de equipamientos tanto en cascos urbanos como en zonas rurales. Y mucho más atraso existe en las infraestructuras de conectividad, como telefonía e internet, trascendentales para la inserción a la sociedad del conocimiento.

“Colombia enfrenta retos muy grandes, pues hay más territorio disponible, pero se debe garantizar la presencia del Estado de manera más fuerte, y esta debe estar coordinada para organizar todo ese acceso y esa potencialidad que podría generar el desarrollo de infraestructura, que no es solo un beneficio de obras sino uno en retornos económicos y sociales que permitan mayor integración de los territorios”, subraya el profesor Raúl Ávila.

El turismo en el marco del posconflicto

En investigación adelantada por la profesora Sandra Patricia Rojas Berrío y el estudiante Jeisson Leonardo Rincón Novoa, de la FCE se detalla que, según el Ministerio de Industria y Turismo, para el 2016 Colombia registró el ingreso de 5.092.052 visitantes, es decir un aumento del 21 % respecto al 2014. Así mismo, se evidencia un incremento proporcional de extranjeros no residentes, entre los que se destacan los provenientes del continente africano y americano, con 65 % y 34 % respectivamente; de igual manera, el ingreso de divisas por concepto de viajes subió un 19 % con 5.835 millones de dólares, como cifra registrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2017, 2015).

En este sentido, la investigación de la última década destinada a las líneas de turismo en América Latina y el Caribe, especialmente en Colombia, presenta un espacio claro para el desarrollo de nuevo conocimiento sobre las particularidades que el país puede aprovechar en la búsqueda de internacionalizarse como destino turístico. 

Fuente:http://agenciadenoticias.unal.edu.co