La Red Saludpaz –conformada por más de diez universidades públicas y privadas, y organizaciones sociales, como Médicos del Mundo y la Corporación Abran la Puerta– apuesta por desatar iniciativas que contribuyan a construir un nuevo modelo de salud que haga posible una paz estable y duradera, como precondición para que en Colombia se consolide la justicia social, la equidad y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en especial para la población rural y para los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado.

El profesor Mario Hernández, coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública, y Jaime Urrego, médico salubrista de la U.N., exponen en un artículo publicado en la edición 210 de UN Periódico, que desde su puesta en marcha a comienzos del presente año, la Red ha avanzado en el fortalecimiento de los procesos de articulación de iniciativas en salud, y se apresta a formalizar un acuerdo de entendimiento para dar proyección y continuidad a sus acciones.

De igual manera, afirman, ha avanzado en el desarrollo de instrumentos diagnósticos en algunas de las zonas veredales de transición y normalización (ZVTN) y, con el concurso de estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas convocados por el voluntariado de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), entre otros, ha realizado visitas de observación participante, acompañamiento y asistencia sanitaria en dichas zonas y en las comunidades circunvecinas.

Así, señalan, a pesar de las dificultades logísticas y de las grandes tensiones sociales y políticas del proceso, “se puede decir que la desmovilización es una realidad en marcha y que son muchas las expectativas –tanto de los reincorporados como de las comunidades– por la consolidación de la paz en regiones completamente excluidas social, económica, cultural y políticamente, por un modelo de desarrollo injusto, corrupto, extractivista y basado en el mercado”.

Avances y desafíos

Los profesores manifiestan que la propuesta de la Red Saludpaz es avanzar en tres fases que comienzan con la atención participativa en salud en las ZVTN y sus comunidades aledañas, para desarrollar muy pronto “laboratorios comunitarios de salud para la paz” en regiones estratégicas y continuar con propuestas de más largo alcance que permitan conectar los aspectos directos e indirectos de la salud en el Acuerdo, con una nueva institucionalidad en salud para la paz.

Al mismo tiempo la Red avanza en la promoción del debate público sobre lo que sería una salud para la paz con grupos étnicos, organizaciones de víctimas, campesinos, trabajadores de la salud, funcionarios y académicos, sobre las articulaciones entre la salud y la paz.

Las conclusiones preliminares incluyen: el posacuerdo es una oportunidad para la participación democrática y para impulsar procesos locales de desarrollo alternativo que contribuyan a superar la inequidad a la que se ha sometido a la población rural más afectada por el conflicto.

El sistema de salud –al amparo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, leída por la Corte Constitucional, y de la normatividad internacional– debería, al menos en estos territorios, eliminar la intermediación de actores de mercado y transformarse cuanto antes en una estructura de oferta pública, gratuita, universal e intercultural, con participación directa de comunidades locales, indígenas, campesinos, afrodescendientes y víctimas, como preámbulo y motivo para un nuevo pacto social y político por la salud en el país.

El Plan Nacional de Salud Rural (PNSR), el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y todos los demás instrumentos previstos en el Acuerdo Final de Paz deben incorporar cambios tanto en los modelos y paradigmas vigentes, como en la institucionalidad a cargo, porque de lo contrario se convertirán en medidas operativas de baja intensidad y poco impacto en las condiciones estructurales que dieron origen y aún alimentan la violencia en el país.

Es imperativo que el proceso de implementación del Acuerdo se consolide de manera irreversible y definitiva para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, y para evitar el regreso o el mantenimiento de la guerra.

En esta dirección, señalan, la Red Saludpaz continuará desplegando acciones y esfuerzos para concitar la voluntad y el aporte de muchos actores nacionales e internacionales con el fin de contribuir a materializar una propuesta de salud que ayude a consolidar la paz democrática como garantía para la realización del derecho fundamental a la salud.

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